México pretende terminar con el anonimato de las líneas móviles: el gobierno insta a registrar aproximadamente 160 millones de líneas antes del 30 de junio y amenaza con desconectar las no registradas, pero en el centro histórico de Ciudad de México ya se venden SIMs activadas bajo identidades ajenas por 200 pesos (100 por la SIM y 100 por el trámite), según investigaciones publicadas por Xataka México a partir de un informe de Milenio. Ese mercado negro trabaja en minutos y, según los reportes, incluso ofrece garantía si la línea falla (Xataka/Milenio).
¿Qué está fallando en el registro y qué números lo muestran?
El plan exige identificación con documento y verificación biométrica por video selfie, pero la implementación muestra grietas. A 19 de mayo se habían registrado 49,5 millones de líneas, que representan el 30,7% del total estimado en ~160 millones de líneas objetivo (dato difundido en reportes citados por Milenio/Xataka). Mientras tanto, las operadoras ya sufren pérdidas: en el primer trimestre AT&T México reportó la pérdida de 577.000 líneas y Telcel 483.000 líneas (según reportes trimestrales citados por Milenio). Además, más del 80% del mercado móvil en México es prepago, lo que explica la resistencia al registro obligatorio (según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT). Esos números muestran una adopción demasiado lenta frente a una fecha límite inminente.
¿Puede pasar algo parecido en Argentina?
Sí, el riesgo existe si se repiten tres condiciones: bases de datos centralizadas sin auditoría, sistemas biométricos sin pruebas anti-deepfake y mercados informales con incentivos para evadir controles. En México ya hay evidencia de que la verificación biométrica puede ser engañada por IA (según El País, que cita pruebas sobre la imposibilidad de distinguir ciertos deepfakes). En la región, la falta de confianza en quién custodia los datos es clave: un intento previo en México (Renaut, 2008) terminó en filtraciones y el programa fue eliminado en 2011; otro intento fue invalidado por la Suprema Corte en 2022 por violaciones a la privacidad. Si Argentina considerara un esquema similar, debería evitar replicar esos errores: la recomendación práctica es pilotear, auditar y transparentar desde el día uno.
Qué exigir: controles técnicos, transparencia y medidas prácticas para empresas y reguladores
Vemos la política como entendible —reducir extorsiones— pero insuficiente sin controles. Primero: auditorías independientes y públicas que prueben resistencia a deepfakes y a fraudes de identidad (según informes de prensa sobre vulnerabilidades, El País/Xataka). Segundo: protocolos mínimos para operadores, trazabilidad de activaciones y sanciones claras al mercado ilegal; no alcanza con desconexiones masivas si el mercado negro sigue barato (200 pesos por línea según Xataka/Milenio). Tercero: campañas de confianza y alternativas para población prepaga (más del 80% del mercado es prepago según IFT) para evitar que millones abandonen líneas y dañen al ecosistema. Para emprendedores y pymes: esperen interoperabilidad verificable con WhatsApp y sistemas de pago antes de integrar el nuevo registro; y exijan que la plataforma que valide identidades explique el ROI y la seguridad con datos y auditorías. En resumen, la tecnología no vende seguridad por sí sola: hace falta evidencia independiente, reglas claras y sanciones al mercado que ya opera por 200 pesos la evasión.
