Palantir, fundada en 2003, enfrenta una crisis interna: varios empleados y exempleados se preguntan si la compañía se convirtió en ‘el malo’ después de su papel en operaciones vinculadas al ICE y en campañas militares, según relatos publicados por Wired y El País. Esta pregunta estalló tras el asesinato de Alex Pretti a principios de año y después de que el CEO publicara un manifiesto de 22 puntos que muchos describieron como nacionalista, lo que llevó a conversaciones tensas en canales internos y a mensajes eliminados por la empresa.
¿Por qué los empleados se preguntan si somos los malos?
La pregunta no es retórica: viene de casos concretos. De acuerdo con Wired, desde el inicio del segundo mandato de Trump (2025) Palantir amplió su papel en operaciones de control migratorio vinculadas al ICE, y empleados han señalado que herramientas de la compañía se usan para identificar y deportar a personas en situación irregular (según Wired). Además, informes periodísticos asocian tecnología de Palantir a apoyo en operaciones militares que, según esos reportes, contribuyeron a ataques que provocaron más de 100 víctimas infantiles en un bombardeo citado en las investigaciones (según El País). A esto se suma que Amnistía Internacional ya advirtió en 2020 sobre riesgos de derechos humanos (Amnistía Internacional, 2020) y que la consultora MSCI le dio una puntuación de 2 sobre 10 en libertades civiles, lo que compone un cuadro donde la inquietud interna tiene base factual.
¿Cómo nos afecta esto en Argentina y en la región?
La discusión importa en América Latina porque las tecnologías que se prueban y despliegan en Estados Unidos suelen cruzar fronteras mediante contratos estatales y con empresas privadas. Palantir tiene historial de licitaciones y colaboraciones continentales; por eso, cuando empleados señalan riesgos éticos, no es sólo un problema corporativo: es una señal para gobiernos y sociedades que podrían recibir esas soluciones. Aquí vemos dos riesgos concretos: normalización de vigilancia para control migratorio y externalización de decisiones sensibles a sistemas opacos. En términos temporales, lo que era tolerado como contramedida post-11-S (la empresa fue creada en 2003) ahora choca con estándares de derechos humanos de 2026 y con mayor demanda pública de transparencia (comparado con la discusión pública de 2015-2020, hoy el escrutinio es más intenso).
Qué dicen los números y las fuentes
Tres datos ayudan a enmarcar la crisis: Palantir fue fundada en 2003 (Palantir), el CEO publicó un manifiesto de 22 puntos que reavivó debate interno (según la publicación en X reportada por El País) y la consultora MSCI le asignó 2/10 en libertades civiles (MSCI, citado por El País). Además, Amnistía Internacional documentó preocupaciones en 2020 sobre usos de la tecnología en contextos de riesgo para derechos humanos (Amnistía Internacional, 2020). Esos números muestran que la crítica no es nueva, pero sí es más pública y más difícil de contener porque los empleados ya no aceptan respuestas de gabinete y piden datos, contexto de uso y límites claros antes de que los sistemas se pongan en marcha.
Qué debería pasar: transparencia, revisión humana y límites
La salida responsable pasa por tres pasos prácticos y verificables: 1) publicar métricas y contratos relevantes en formatos accesibles y en español para auditar usos y resultados; 2) exigir documentación técnica y de impacto en español y con métricas reproducibles para que administraciones y la sociedad puedan evaluar riesgos; 3) establecer gobernanza con revisión humana obligatoria en despliegues sensibles y canales de denuncia protegidos para empleados. Apoyamos la adopción de tecnologías de IA, pero exigimos métricas públicas, documentación en español y gobernanza con revisión humana antes de adopción amplia: sin esas condiciones, la tensión interna de Palantir podría replicarse en cualquier proveedor de vigilancia que opere en la región.
Conclusión: que empleados pregunten si son los malos no es solo un problema moral interno; es una alerta práctica sobre cómo las empresas tecnológicas deben rendir cuentas públicamente, especialmente cuando sus herramientas afectan vidas y derechos. Si no hay transparencia, la sociedad y los reguladores deben imponerla.
